Corea del Sur y la publicación de fotos de sospechosos: límites de la privacidad

En septiembre de 2026, la policía de la provincia de Gyeongsang del Norte, en Corea del Sur, publicó en su sitio web oficial el nombre, la edad y las fotografías de frente y de perfil del sospechoso del asesinato de una estudiante china. La difusión de esas imágenes reabrió un debate que lleva más de tres décadas gestándose en el país: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para proteger al público sin vulnerar los derechos de quien aún no ha sido condenado? La respuesta coreana sorprende a muchas democracias occidentales, donde el rostro del sospechoso permanece oculto hasta la sentencia.

Puntos clave del caso

• Identidad revelada durante un mes. La policía de Gyeongsang del Norte divulgó el nombre, la edad (31 años) y las fotografías frontal y laterales del sospechoso desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2026, un periodo limitado que la normativa contempla para evitar daños permanentes.
• Decisión de un comité especializado. Un día antes de la publicación, la policía reunió a su comisión de revisión de divulgación de identidad, que evaluó la crueldad del método, el impacto social y la solidez de las pruebas antes de aprobar la medida por razones de interés público.
• Base legal: la Ley de Divulgación de Identidad en Delitos Graves. Esta norma, vigente desde enero de 2024, exige tres condiciones simultáneas: gravedad extrema del delito, evidencia contundente y aprobación de un comité de investigación. La divulgación no equivale a una condena.
• Advertencia sobre filtraciones. Según explicó la jurista Jang Ji-hwa, miembro del consejo de la Asociación Coreana de Derecho Procesal Penal, revelar por cuenta propia otros datos de los implicados puede violar la Ley de Protección de Datos Personales.
• De la era del mosaico a la foto policial. Corea del Sur pasó en apenas 30 años de ocultar sistemáticamente el rostro de los sospechosos a difundir retratos tomados por la propia policía, un giro que la acerca a un modelo poco común en el mundo.
• Casos que marcaron el cambio. El caso de la madre y la hija dentistas, el asesino en serie Kang Ho-soon, el escándalo de las salas N y el caso Jeong Yu-jeong impulsaron reformas sucesivas en la legislación sobre delitos sexuales y divulgación de identidad.
• Un equilibrio siempre tenso. Cada publicación reaviva la disputa entre el derecho a la información, la prevención del delito y la presunción de inocencia consagrada en la Constitución.

Análisis profundo

El caso coreano ilustra una tensión que las democracias liberales rara vez resuelven de forma tan explícita. En Europa continental, la presunción de inocencia y la protección de la vida privada han prevalecido históricamente: los medios difuminan los rostros y los tribunales sancionan las filtraciones. Corea del Sur, en cambio, construyó un mecanismo administrativo que permite a la policía, previa deliberación de un comité, romper esa barrera cuando percibe un riesgo social elevado. La clave está en que no se trata de una decisión judicial, sino de un procedimiento policial con control interno, lo que genera dudas sobre la separación entre investigación y sanción mediática.

El contexto explica esta evolución. La sociedad coreana vivió durante décadas casos de gran impacto que alimentaron la desconfianza hacia el sistema penal: asesinos en serie que eludieron la justicia, redes de explotación sexual en línea y episodios donde la identidad real del acusado no coincidía con la imagen difundida. Esa acumulación de agravios empujó al legislador a priorizar la prevención y la transparencia sobre la protección del sospechoso. La Ley de 2024 es, en cierto modo, la institucionalización de una demanda ciudadana que los tribunales no supieron canalizar.

Sin embargo, el modelo plantea riesgos evidentes. La divulgación anticipada puede contaminar el juicio, estigmatizar a personas finalmente absueltas y exponer a sus familias. La limitación temporal a un mes y la exigencia de evidencia sólida funcionan como salvaguardas, pero no eliminan el daño reputacional irreversible. Además, la línea entre informar y castigar mediáticamente es frágil: una vez publicada la fotografía, ningún fallo absolutorio devuelve la normalidad al acusado.

Para el observador internacional, el caso invita a preguntarse si el equilibrio coreano es exportable. Países con alta desconfianza institucional podrían sentirse tentados a copiarlo, pero sin un poder judicial independiente y una prensa responsable, el mecanismo podría convertirse en herramienta de linchamiento. La experiencia coreana sugiere que la transparencia solo es sostenible cuando existen contrapesos robustos y una ciudadanía capaz de distinguir entre sospecha y culpabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Puede cualquier país publicar la foto de un sospechoso? No. En la mayoría de las democracias europeas y en muchos estados de Estados Unidos, la presunción de inocencia impide difundir la identidad antes de una condena firme. Corea del Sur es una excepción regulada que exige un delito grave, pruebas contundentes y aprobación de un comité policial.

¿La divulgación implica que el sospechoso es culpable? No. La propia ley coreana aclara que la publicación no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal solo puede establecerla un tribunal mediante sentencia, por lo que el acusado conserva su derecho a defenderse.

¿Qué pasa si alguien filtra más datos por su cuenta? Puede incurrir en responsabilidad legal. Difundir información adicional de los implicados, como su domicilio o antecedentes, vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y expone al infractor a sanciones, según advierten los expertos consultados.

Fuente: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34039595